Soledad Martínez presidenta del FG Neuquén y Claudia González secretaria de prensa del mismo espacio; nos brindan su análisis buscando ofrecer una visión clara y accesible sobre la situación actual y las posibles repercusiones de la privatización de las represas hidroeléctricas en Argentina.
Espacio Popular: Buenas tardes. En las últimas semanas, se ha generado una gran controversia respecto al futuro de las represas hidroeléctricas en Argentina. ¿Podrían explicarle a nuestros lectores y lectoras qué está ocurriendo con estas instalaciones y cuál es el estado actual de situación?
Soledad Martínez: Con gusto. En Argentina, una parte significativa de la generación energética proviene de las represas hidroeléctricas, especialmente en la Provincia de Neuquén, que representa aproximadamente el 30% de la producción hidroeléctrica del país. Las principales represas en cuestión son: Chocón, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en los ríos Limay. Estas represas han sido históricamente concesionadas a empresas privadas, pero el gobierno anterior del Frente de Todxs no tomó medidas para recuperar la gestión pública de las mismas.
Claudia González: Actualmente, el gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de privatización de estas represas mediante el Decreto 718/2024, publicado el 12 de agosto de 2024. Este decreto establece que las acciones de las empresas ENARSA y NASA, que gestionan estas represas, deben ser transferidas a la Secretaría de Energía en los próximos seis meses. Posteriormente, se llevará a cabo una licitación pública internacional para vender estas acciones. Además, el decreto prorroga por un año las concesiones de las represas hidroeléctricas de la región, lo que permitirá avanzar en los pasos administrativos antes de la venta. Este Decreto se sustenta en una Ley Nacional, la famosa “Ley de Bases”, que fue aprobada por mayoría legislativa, con muchas idas y vueltas.
Espacio Popular: ¿Qué implicaciones tendría esta medida para Argentina si se concretara?
Soledad Martínez: La privatización de las represas hidroeléctricas traería varias consecuencias significativas. En primer lugar, habría una pérdida notable de soberanía energética, ya que las represas pasarían a manos privadas, lo que podría aumentar las tarifas a niveles de mercado internacional. Este cambio afectaría negativamente a los ciudadanos, especialmente a los sectores populares y a la pequeña y mediana industria, que son fundamentales para la economía del país y la generación de empleo.
Espacio Popular: El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recientemente afirmó que su provincia, junto con Río Negro, participará en el diseño del concurso para definir el futuro de las represas. ¿Qué interpretación le otorgan a estas declaraciones?
Claudia González: Nuestra Constitución Provincial es muy clara en cual es la finalidad de la economía y de la explotación de los recursos, la promoción del desarrollo económico social y la subsidiariedad basta leer los artículos 74, 75 y 76 de nuestra Constitución. Por ello, el Gobierno Provincial deberá estar muy presente en este proceso. La economía debe subordinarse a los derechos del hombre, al desarrollo provincial y al progreso social. Eso dice nuestra Constitución. También dice que; el Estado no intervendrá en la actividad privada hasta donde ello sea compatible con el bienestar general de la población, a la que defenderá mediante legislación adecuada, de los monopolios, trusts y de toda forma de abuso del poder económico. El Gobernador de nuestra provincia, que representa a un gran “Frente Neuquinizate”, del cual nuestro partido es parte, manifestó públicamente que está dispuesto a discutir temas como el uso del agua, las regalías, planes de manejo del agua, aspectos ambientales y la participación accionaria y garantizar así la defensa de los recursos de los y las neuquinas, en el marco de nuestra Constitución y nuestra legislación.
Espacio Popular: Para concluir, ¿qué mensaje le daría a la sociedad y qué acciones consideran que deberían tomarse?
Soledad Martínez: Es fundamental que la sociedad argentina continúe defendiendo la soberanía energética y la justicia social. El proceso de privatización de las represas es una cuestión que afecta a todos y todas, ya que las tarifas más altas y la pérdida de control sobre recursos estratégicos pueden tener efectos adversos en la vida cotidiana y en la economía del país. Se deben tomar medidas para asegurar que las decisiones sobre estos recursos se tomen con la máxima transparencia y en beneficio de la mayoría, priorizando siempre el bienestar general sobre los intereses privados.
