En otro documento hemos realizado algunas reflexiones sobre la explotación y comercialización del litio en nuestro país con énfasis en aspectos vinculados a la generación de divisas y la soberanía.
En esta ocasión queremos referirnos a los aspectos ambientales y sociales de la explotación, que, según nuestro pensamiento, es fundamental tener en cuenta a la hora de evaluar costos y beneficios.
El litio constituye un bien de valor estratégico para el NOA, que brinda una oportunidad de desarrollo a provincias habitualmente postergadas. Pero para ello se requiere un análisis de todos los aspectos asociados e interdependientes: la cadena de producción, la protección de los recursos naturales –o más apropiadamente denominados bienes comunes-, los derechos de los pobladores, la inclusión de diversos agentes de producción nacional, el papel del sector de Ciencia y Tecnología y el rol del Estado –a través del impulso de políticas públicas activas acompañadas de una legislación pertinente-. Una adecuada consideración de todos estos factores y su articulación pueden conducir a la consolidación de políticas soberanas y sostenibles en la explotación del litio.
El método de extracción usado en nuestro NOA para extraer el litio consiste en la realización de perforaciones, de las cuales se obtiene salmuera; ésta se deposita en piletones, junto con agua dulce. A la mezcla de la salmuera y el agua dulce se le agregan químicos tales como cal y soda cáustica, lo cual se deja expuesto al sol durante varios meses para obtener, por proceso de evaporación, un concentrado de minerales.
En esta etapa del proceso, por efecto de las perforaciones, se han registrado daños en los límites que separan la salmuera del agua dulce, lo cual genera la salinización del agua dulce disponible en la cuenca, un proceso que ha dado en denominarse como contaminación cruzada.
Se estima que la concentración de litio en el Salar del Hombre Muerto-Catamarca- implica que por cada tonelada de litio extraído se evaporan alrededor de 2.000.000 de litros de agua.
En Antofagasta de la Sierra –Catamarca-, la empresa LIVENT extrae el agua dulce del rio Trapiche, que se ubica al sur del salar. El río lleva 24 años de explotación por parte de la empresa, lo cual ha implicado prácticamente la desecación casi irreversible de La Vega del Trapiche. Por tal motivo, las familias que residían allí fueron desplazadas y despojadas de sus viviendas ancestrales para construir un dique que permitiera, a la minera, la acumulación del agua.
Actualmente la Vega, de unos 5 km de largo, se ve totalmente negra por efectos de la desecación. Por otra parte, los efluentes que resultan como excedentes del proceso de extracción de litio, son vertidos directamente en la laguna Catal -sobre el mismo salar-, con lo cual la contaminan con residuos como cal y soda cáustica.
Hoy en día, en la zona, antes cubierta por pastizales verdes, se halla vegetación muerta, cubierta por costras blancas que provienen de los químicos solidificados.
A raíz de haber agotado las reservas acuíferas del rio Trapiche, la empresa ha iniciado un proyecto denominado “Acueducto rio Los Patos”, para reemplazar la provisión de agua mediante la provisión de fuentes subterráneas provenientes del acuífero del rio Los Patos, ubicado al sureste del salar.
La obra implicó la construcción de seis pozos de bombeo de agua, para extraer más de tres millones de litros por día, según el propio informe de impacto ambiental. Dicha provisión se transporta desde la zona de extracción hasta los piletones de evaporación a través de un acueducto de 32 km. Los pobladores han pedido la inhabilitación del acueducto.
En marzo del 2019, Mauricio Macri encabezó la “mesa del Litio” donde se habrían negociado acuerdos comerciales con el Director Ejecutivo de la firma Livent, Paul Graves. Entre algunas concesiones otorgadas, se encuentran ciertas reducciones impositivas (agua y gas, por ejemplo) y facilidades a la hora de trasladar los productos, lo cual implica una pérdida en términos económicos y soberanos.
A esta empresa se suman otras como Galaxy y Posco, también instaladas en el Salar, con la complicidad de las autoridades, que también toman el Agua del río Los Patos.
EXPLOTACION MINERA, VIDA Y ECONOMIAS LOCALES
El agua es la fuente de vida de estos territorios áridos, no sólo porque es necesaria para el consumo humano sino también para las actividades productivas que allí se desarrollan -cría de animales y desarrollo de la agricultura de altura-, que utilizan vegas y humedales que, a raíz de las explotaciones mineras, corren el riesgo de sequía y salinización.
Las economías locales, basadas en la ganadería, la agricultura, la fabricación de artesanías y el turismo, dependen de estos ríos de agua dulce, que son oasis en la puna catamarqueña.
Pero esta situación no solamente afecta a la economía de los pobladores, sino que atenta contra la VIDA en todas sus formas.
En Antofagasta de la Sierra se encuentran los microorganismos más parecidos a las primeras formas de vida en el planeta, como, por ejemplo, los estromatolitos en la laguna Diamantes. Los estromatolitos son estructuras minerales bioconstruidas que influyen en la liberación de oxígeno y la captación de dióxido de carbono.
No es real, como promueven algunos sectores, que no existan estudios sobre el tema; diversos representantes en el ámbito académico y comunitario han contribuido al respecto. Entre ellos, el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL), un colectivo en el cual convergen representantes de pueblos originarios, activistas ambientales e investigadorxs con el objetivo de proteger los salares andinos, amenazados por el avance del extractivismo minero.
Las producciones del Observatorio ponen en evidencia las contradicciones presentes en los discursos y acciones que, tanto a nivel nacional como global, promueven la descarbonización de las sociedades industriales; siendo éstas las responsables principales del cambio climático, que se produce sobre la base del despojo y la degradación ambiental en territorios de pueblos originarios y rurales del Sur Global.
Asimismo, se han realizado estudios académicos sobre la huella hídrica azul global del ciclo productivo 2021 del proyecto Olaroz, en Jujuy, que estiman que el consumo de agua dulce de dicho proceso es unas cinco veces mayor que el consumo de agua para uso humano de todo el departamento Susques (Arias Alvarado et al., 2022). El mayor componente global del indicador es la salmuera, que constituye un componente vital del ciclo hidrológico. Su sobreexplotación puede afectar la calidad de los acuíferos. Si se tiene en cuenta que la zona donde están ubicados los salares es desértica, el agua dulce un recurso escaso y sus diferentes usos se encuentran en competencia.
En relación con la desigualdad existente en estas provincias y regiones, el surgimiento de la pandemia puso en evidencia la problemática de estos territorios, en los que falta el agua y los servicios sanitarios son escasos. A pocos días de que el gobierno decretara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en todo el país, la actividad minera fue declarada como una de las actividades “esenciales” y, por lo tanto, habilitada para funcionar, lo cual originó un salto en los niveles de contagio de lxs trabajadorxs.
En la Puna jujeña, los casos por COVID-19 se iniciaron entre trabajadores de la Minera Exar –en Susques-, que no solo no recibieron la atención necesaria, sino que fueron “abandonados” en la ruta para que volvieran a sus hogares. Los primeros que se movilizaron para atenderlos fueron los pobladores locales, a través de redes de cuidado armadas por las comunidades. Esta situación pone de manifiesto la importancia de las lógicas del cuidado, tanto respecto de las poblaciones como en su relación con la Naturaleza.
Con respecto a los servicios, en Antofagasta de la Sierra, la gente no tiene gas y solo tienen luz eléctrica durante cuatro horas diarias, mientras que la minera tiene luz, agua y gas, que traen de un gasoducto, y debido a la minería del litio, en la zona han secado una vega de 11 kilómetros y un río.
Las mineras suelen enarbolar el argumento de la provisión de empleo, sin embargo, las cifras lo desmienten. En Catamarca hay 2.000 puestos de trabajo reconocidos de la minería, mientras que 42.000 personas se inscribieron voluntariamente en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y 90.000 personas se registran en el sector público, con lo cual se refuta el discurso sobre el supuesto empleo y contribución al progreso de las provincias. Por otra parte, en Catamarca, casi el 70% de la población recibió, en el momento de su aplicación, el IFE, lo que refleja un alto nivel de pobreza y desocupación.
IMPACTO AMBIENTAL Y LICENCIA SOCIAL
La “licencia social” se alcanza sólo a través de la construcción de confianza entre las comunidades, las empresas mineras y las autoridades, que permita el desarrollo de la actividad, sin que ello implique un procedimiento o permiso en términos formales. Esto constituye uno de los grandes retos de la minería en Argentina; así vemos que en los diversos territorios se multiplican reclamos y rechazos de las comunidades, la minería del litio constituye sólo un ejemplo.
Una situación que se registra habitualmente consiste en la negación del impacto, por parte de los sectores interesados en la explotación de la actividad, lo cual sólo promueve rechazos de las comunidades afectadas y grupos ambientalistas. Una actitud de comprensión debe comenzar por reconocer que la actividad produce afectaciones importantes, ya que éste constituye el primer paso para prevenir efectos negativos.
El problema subyacente para las negativas consiste en los múltiples intereses económicos que existen en torno al tema. Los salares son humedales, así lo reconoce la Convención Ramsar y el Ministerio de Ambiente de la Nación. Prevalecen en zonas del país, como la región Altoandina, donde el agua es escasa, principalmente alojada en capas subterráneas, y un factor determinante para la supervivencia. Por lo tanto, están plenamente alcanzados por una ley de presupuestos mínimos para los humedales y este es otro de los determinantes por los cuales la Ley de Humedales no consigue tratamiento ni aprobación.
Las empresas mineras no cumplen con la consulta libre, previa e informada que establece la legislación. Por ello, las comunidades andinas desarrollaron un protocolo de consulta –ideado para la cuenca de Salinas Grandes-, denominado Kachi-Yupi, que significa “huellas de la sal”. El mismo se concibió respetando las referencias a los pueblos indígenas que figuran en las constituciones de Salta y Jujuy, en el artículo 75 de nuestra Constitución -que establece el derecho a la identidad de los pueblos originarios-, así como en el Convenio 169 de la OIT, leyes ambientales nacional y locales y tratados internacionales ratificados por Argentina referidos al derecho agua. El protocolo no ha sido aplicado.
El diálogo con las comunidades debe ser considerado de relevancia, y en esta era de la
información, en la cual las poblaciones han elevado su nivel de conocimiento de la actividad, así como sus expectativas respecto de la misma, la minería no puede pretender un rol meramente cosmético de la ciudadanía, con audiencias públicas simbólicas o acciones de responsabilidad social empresaria con efectos puntuales y acotados, sino que el componente participativo debe estar presente desde la génesis misma del proyecto y su diseño, pasando por la etapa de explotación -considerando la realización de monitoreos participativos-, llegando a un cierre y uso postminero consensuado.
Todas estas cuestiones se deben pensar dentro de un marco más abarcativo, que implica a las políticas y procesos de transición energética. Para enfrentar la crisis social y ecológica y el cambio climático se deben aplicar miradas colaborativas y plurales inspiradas en la justicia ambiental y la justicia social, tanto a nivel local como global.
Se dice que se necesita producir baterías de litio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los salares son los mayores reguladores de dióxido de carbono. Y para esta producción se destruyen dichos ecosistemas que absorben dióxido de carbono de la atmósfera y que, por su fragilidad, se pueden destruir rápidamente.
Como pretexto de pagar una transición energética, se está trasladando la agenda del Norte global, que fija que los países que consumen menos energía deben aplicar políticas diseñadas por aquellos que son los principales contaminadores planetarios. Desde nuestra mirada creemos necesario pensar en clave de transiciones múltiples, que impliquen lógicas democratizadoras con respecto a los territorios.
Si asumimos que las disputas en torno a la energía constituyen parte de las relaciones sociales y que el consumo energético constituye un derecho más, se debería sacar a la energía de la esfera del mercado y construir socialmente el derecho a la energía. Deberíamos preguntarnos por qué en nuestro país hay cientos de miles de personas en situación de pobreza energética. Esto ¿constituye un problema de tarifas, de fuentes, de acceso? En un país donde se producen alimentos para exportar ¿por qué nuestra población no puede acceder a una alimentación adecuada? y del mismo modo ¿por qué no puede tener acceso al agua?
La transición energética no consiste solamente en un recambio de fuentes de energía; si queremos vivir en una sociedad más justa, tenemos que pensar los modos de consumo, como circula y se concentra la energía, los conflictos que subyacen a su producción y uso, las relaciones sociales ocultas en torno a la mercantilización de la energía, en suma, replantear cómo vivimos.
Bárbara Balesta – Coordinadora del Equipo de Ambiente, Ciencia y Tecnología del Frente Grande